Ley federal sancionada en 1977 que protege a los deudores contra acoso y otros tipos de prácticas de cobranzas. La ley regula la actividad de las agencias de cobranzas, los acreedores originales que establecieron una oficina independiente para el cobro de deudas y los abogados contratados por los acreedores para ayudar a cobrar cuentas morosas. El acreedor original -la compañía o el particular que originariamente otorgó el crédito- no está contemplado por esta ley, pero puede estarlo por medidas similares aprobadas por los gobiernos de cada estado.